Guerra regional en Irán

El estrecho de Ormuz se convirtió en el principal espacio de presión estratégica de Teherán. Su posición geográfica y su peso en el transporte de petróleo y gas lo convierten en una herramienta de influencia sobre los mercados energéticos y los Estados del Golfo. Durante la guerra, Irán amenazó con interrumpir la navegación y se registraron ataques contra buques comerciales, mientras Estados Unidos impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes.

La situación marítima sigue siendo inestable. El 12 de noviembre, Reuters informó que las autoridades militares iraníes atribuyeron a minas navales las explosiones sufridas por cuatro buques cisterna en dos días, una versión que la agencia no pudo verificar de forma independiente. Por separado, la agencia británica UKMTO informó sobre un buque alcanzado por un proyectil no identificado cerca de Ras al-Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos, cuyo incendio obligó a evacuar a la tripulación.

Los ataques contra embarcaciones se intensificaron en octubre y en los primeros días de noviembre. Según datos del Washington Institute for Near East Policy citados por Reuters, hubo 37 ataques en octubre, el mes más intenso desde el inicio de la guerra, y al menos diez en los primeros diez días de noviembre. Aunque el tránsito había mostrado una recuperación parcial, la persistencia de los incidentes mantiene elevados los costos de seguros, transporte y seguridad naval.

El bloqueo estadounidense es también un instrumento de presión económica: la restricción de las exportaciones y de la actividad portuaria limita la capacidad iraní de obtener ingresos y sostener sus cadenas de abastecimiento. Teherán considera el levantamiento del bloqueo una condición previa para cualquier acuerdo, lo que convierte a Ormuz en un espacio de confrontación militar, económica y diplomática al mismo tiempo.

El programa nuclear es una de las principales incertidumbres estratégicas de la guerra. Los ataques contra Fordow, Natanz e Isfahán dañaron instalaciones fundamentales, pero no permiten concluir que Irán haya perdido todas sus capacidades nucleares ni que el material enriquecido haya sido destruido.

Antes de los ataques de junio de 2025, Irán había acumulado 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, según el OIEA. El director general del organismo, Rafael Grossi, estimó que algo más de 200 kilogramos permanecerían en los túneles de Isfahán y que hay otra parte en Natanz. Esos volúmenes son estimaciones y no inventarios confirmados: la falta de acceso del OIEA impide establecer con certeza la ubicación y el estado actual del material.

El informe del OIEA de septiembre de 2026 señala que, tras los ataques iniciados en febrero, la Agencia dejó de recibir información y acceso para verificar las instalaciones declaradas, con la excepción de una inspección en la central de Bushehr. En consecuencia, no puede confirmar si Irán suspendió el enriquecimiento, determinar la cantidad y ubicación de sus reservas de uranio enriquecido ni verificar sus inventarios de centrifugadoras. Esa pérdida de continuidad de conocimiento constituye un problema de proliferación aun sin evidencia concluyente de que Irán haya decidido fabricar un arma nuclear.

Uno de los puntos de mayor preocupación es Kuh-e Kolang, conocido como Pickaxe Mountain, un complejo subterráneo próximo a Natanz. Imágenes satelitales difundidas por medios internacionales mostraron obras de construcción y refuerzo de los accesos a los túneles. Esas observaciones no demuestran por sí solas la existencia de una instalación operativa de enriquecimiento, pero su posible función y la ausencia de inspecciones hacen del sitio un punto central del seguimiento.

La posición iraní se endureció en noviembre. El 2 y el 9 de noviembre, la Cancillería iraní reiteró que el país no aceptará el traslado de su material enriquecido fuera de sus fronteras, lo que limita una de las fórmulas de negociación que contemplaban su transferencia o custodia externa.

La vía diplomática sigue abierta, pero enfrenta diferencias sustanciales sobre las condiciones para terminar la guerra. La mediación de Pakistán permitió un alto el fuego en abril y un memorando de entendimiento en junio, con una ventana de negociación de 60 días para discutir el programa nuclear, el levantamiento de sanciones, el bloqueo naval y la seguridad del estrecho de Ormuz.

El memorando no se convirtió en un acuerdo de paz. La continuidad de las operaciones militares, las diferencias sobre el cumplimiento de los compromisos y la falta de consenso sobre las condiciones nucleares impidieron una solución estable. Para agosto, según el análisis del Parlamento británico, el memorando había perdido vigencia como marco operativo y no existían negociaciones formales activas para terminar la guerra.

En noviembre se reactivaron los contactos indirectos a través de mediadores regionales. Irán exige el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones, garantías de cese de las hostilidades y un nuevo marco para la navegación por Ormuz. Washington considera inaceptables algunas de esas exigencias, y Teherán sostiene que no negociará bajo presión militar y económica.

El 12 de noviembre, el presidente Donald Trump apartó al vicepresidente JD Vance de las negociaciones con Irán y afirmó que Estados Unidos ya no necesita un acuerdo con Teherán. La decisión introduce incertidumbre sobre la continuidad del canal negociador y sobre el peso de la diplomacia frente a la presión militar y económica.

La guerra se desarrolla sobre una crisis interna anterior a la ofensiva. Las protestas de enero de 2026, la represión estatal y el deterioro de las condiciones económicas reflejan la persistencia del descontento social. El régimen mantiene mecanismos de vigilancia, detenciones y control de las comunicaciones, mientras las restricciones económicas y el bloqueo afectan los ingresos públicos, la actividad comercial y el poder adquisitivo de la población.

La muerte de Ali Khamenei y la sucesión de Mojtaba Khamenei introdujeron una nueva configuración del poder. Aunque el nuevo líder supremo ocupa formalmente la máxima autoridad del sistema, distintos análisis identifican un aumento de la influencia del IRGC y una mayor dependencia de las estructuras militares y de seguridad. También existen diferencias internas sobre la conveniencia de negociar con Estados Unidos y sobre los términos de un eventual acuerdo.

La crisis económica se profundiza por la combinación de sanciones, bloqueo naval, caída de los ingresos externos y daños a la infraestructura. Las dificultades para exportar petróleo y acceder a divisas limitan la capacidad del gobierno de estabilizar los precios y sostener el gasto público. En ese contexto, el riesgo de nuevas protestas aumenta si el deterioro económico se combina con una percepción de debilidad institucional o con divisiones en las élites del régimen.

La confrontación también tuvo una expresión diplomática con consecuencias para Argentina. El 11 de noviembre de 2026, Irán designó a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas, en respuesta a la inclusión del IRGC en el registro argentino de organizaciones terroristas. El gobierno argentino rechazó la medida. El episodio constituye una escalada diplomática bilateral que puede afectar las relaciones políticas y de seguridad entre ambos países.

En septiembre de 1980, Irak invadió Irán y desencadenó una guerra de ocho años que provocó cientos de miles de muertos, devastación económica y una profunda militarización del Estado. En ese período, el IRGC amplió sus capacidades y se consolidó como institución central para la defensa del régimen y la proyección de influencia regional.

La guerra reforzó además la percepción iraní de vulnerabilidad frente a amenazas externas, una experiencia que influyó en el desarrollo de capacidades militares asimétricas, misiles balísticos y mecanismos de disuasión indirecta.

Tras la muerte de Jomeini en 1989, Ali Khamenei asumió como líder supremo. En las décadas siguientes consolidó una estructura de poder en la que las instituciones religiosas, los Guardianes de la Revolución y los organismos de seguridad mantuvieron una influencia determinante. La presidencia de Akbar Hashemi Rafsanjani impulsó la reconstrucción económica y una apertura limitada, sin modificar la estructura central del régimen.

La elección de Mohammad Jatamí en 1997 abrió una etapa de reformas políticas y mayor participación de sectores moderados. Los intentos de ampliar las libertades civiles y limitar el poder de las instituciones conservadoras encontraron resistencia dentro del sistema, y la victoria de Mahmud Ahmadineyad en 2005 marcó un giro hacia posiciones más confrontativas en política interna y exterior.

En junio de 2009, la reelección de Ahmadineyad fue cuestionada por amplios sectores de la población y desencadenó el Movimiento Verde. Las protestas fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, lo que consolidó el predominio de las estructuras conservadoras y limitó el espacio de la oposición.

Las revelaciones sobre instalaciones nucleares no declaradas a comienzos de la década de 2000 generaron preocupación internacional sobre la naturaleza del programa iraní. Las sanciones de Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea afectaron progresivamente el comercio, el sistema financiero y las exportaciones energéticas.

En julio de 2015, Irán y el grupo P5+1 alcanzaron el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), que fijó límites al programa nuclear y un sistema reforzado de verificación a cambio de alivio de sanciones. En mayo de 2018, durante la primera administración de Donald Trump, Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo y restableció las sanciones; Irán redujo luego el cumplimiento de algunas obligaciones y amplió sus niveles de enriquecimiento.

En septiembre de 2022, la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la policía de la moral desencadenó protestas nacionales bajo el lema «Mujer, vida, libertad». Las manifestaciones cuestionaron las restricciones sociales, la violencia institucional y la legitimidad del régimen. La respuesta estatal incluyó detenciones, uso de fuerza letal, procesos judiciales y restricciones de internet.

La crisis de legitimidad persistió en los años siguientes, mientras el deterioro económico y las sanciones afectaban las condiciones de vida. Las protestas de enero de 2026 fueron una nueva expresión de esa tensión social y también fueron reprimidas.

En junio de 2025, Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahán. Las operaciones degradaron componentes del programa, pero no resolvieron las preocupaciones sobre las reservas de uranio enriquecido y la continuidad de las capacidades técnicas. En septiembre de 2025 volvieron a regir las sanciones de Naciones Unidas vinculadas al programa nuclear, tras la activación del mecanismo de snapback por el E3 a fines de agosto.

El 28 de febrero de 2026 comenzó una segunda ofensiva estadounidense-israelí de mayor alcance, que provocó la muerte de Ali Khamenei y de altos mandos del régimen. Mojtaba Khamenei fue designado líder supremo en marzo. La guerra se extendió al Golfo y al estrecho de Ormuz: Irán atacó objetivos regionales y Estados Unidos estableció un bloqueo naval.

El alto el fuego de abril y el memorando de junio no produjeron una solución duradera. La continuidad de los ataques, las restricciones marítimas y las diferencias sobre el programa nuclear mantuvieron el conflicto activo durante el segundo semestre de 2026. Al 12 de noviembre, la República Islámica conserva sus instituciones centrales, pero enfrenta una presión militar, económica y diplomática significativa.