Crisis de seguridad interna en Ecuador

Crisis de violencia criminal que transformó a Ecuador, en apenas un lustro, de uno de los países más seguros de la región en uno de los más violentos de América Latina: la disputa entre bandas locales asociadas a carteles mexicanos y balcánicos —Los Choneros y Los Lobos como polos— por las rutas de cocaína hacia los puertos del Pacífico multiplicó los homicidios, las masacres carcelarias y la extorsión. En enero de 2024 el presidente Daniel Noboa declaró el 'conflicto armado interno', designando a las bandas como objetivos militares.

La estrategia combina estados de excepción sucesivos, despliegue militar, extradiciones a EE.UU. —incluido 'Fito' Macías, líder de Los Choneros— y cooperación creciente con Washington, que designó a las principales bandas como organizaciones terroristas. Los resultados son ambivalentes: la tendencia nacional de homicidios bajó en 2026, pero la violencia se reconfiguró hacia nuevas provincias como El Oro y Manabí, y el referéndum de noviembre de 2025 —que rechazó bases extranjeras y una constituyente— limitó la agenda de seguridad de Noboa, en un conflicto sin final a la vista mientras el flujo de cocaína siga atravesando el país.

Ecuador atraviesa el tercer año del "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024 contra las bandas criminales, con un panorama ambivalente a julio de 2026: la Policía Nacional reportó el 30 de junio de 2026 una reducción del 11% de las muertes violentas en el primer semestre (515 casos menos que en igual período de 2025, con la tasa semestral bajando de 25,5 a 22,5 por cada 100.000 habitantes), pero el país acumuló igualmente 4.154 homicidios entre enero y junio de 2026, una de las cifras más altas de América Latina. La mejora nacional esconde además una fuerte reconfiguración territorial: la provincia de El Oro se convirtió en el nuevo epicentro de la violencia, con un aumento del 63% de los homicidios (de 319 a 521 en el semestre) y Machala como el cantón con mayor incremento del país, mientras Guayas y Los Ríos registraron caídas del 23% y 28%. InSight Crime advirtió (análisis actualizado en febrero de 2026) que las cifras oficiales del gobierno son "ambiguas en el mejor de los casos" y que la captura de capos no desmanteló las redes, sino que reconfiguró el poder criminal.