Crisis armada en el este de la República Democrática del Congo

En Kivu del Norte, los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), apoyadas por milicias locales agrupadas bajo el nombre de Wazalendo, y los combatientes del FRN se concentran especialmente en los territorios de Masisi y Walikale, según MONUSCO ante el Consejo de Seguridad el 29 de septiembre. A comienzos de noviembre, las fuerzas gubernamentales recuperaron varias localidades de Masisi, entre ellas Mirindano, Mahanga y Kilongo, tras operaciones iniciadas el 3 de noviembre, en las que murieron al menos cuatro civiles. Sin embargo, los combates continuaron en el eje Kashebere-Kibati, en el territorio de Walikale, donde el FRN conservaba posiciones. La interrupción del tránsito en la ruta que conecta Goma con Walikale a través de Nyabiondo agrava el aislamiento de las comunidades y dificulta el abastecimiento de bienes esenciales.

En Kivu del Sur, la situación entró en una nueva escalada en la noche del 6 al 7 de noviembre, cuando el FRN lanzó una ofensiva en el territorio de Kalehe, en la zona de Bunyakiri. Los combatientes avanzaron a través del parque nacional de Kahuzi-Biega y tomaron varias localidades sobre la Ruta Nacional 3 (RN3), entre ellas Bitale y, el 8 de noviembre, el centro de Bulambika, tras el repliegue de las FARDC; el 9 hubo combates en Kambali, en el eje hacia Hombo. Este corredor conecta Bukavu con Kisangani a través de Walikale y es una vía estratégica para el transporte de personas y mercancías. El ejército asegura haber detenido el avance en Bulambika y prepara, con los Wazalendo, una contraofensiva; fuentes locales y militares dan versiones parcialmente distintas sobre el alcance de los avances del FRN. La ofensiva desplazó a unas 166.500 personas, según una alerta humanitaria del 9 de noviembre.

Esta escalada se suma a la tensión persistente en las tierras altas de Walungu, Fizi y los alrededores de Uvira. Esta última ciudad, que el M23 ocupó en diciembre de 2025, fue abandonada por el movimiento entre el 17 y el 18 de enero de 2026 y recuperada por las fuerzas gubernamentales el 18 de enero. Su ubicación fronteriza, próxima a Burundi, y su importancia estratégica mantienen elevado el riesgo de una regionalización del conflicto. Burundi continúa desplegando fuerzas en apoyo del gobierno congoleño, mientras que informes del Grupo de Expertos de Naciones Unidas han documentado el respaldo militar de Ruanda al M23. Kigali niega apoyar al movimiento y sostiene que su intervención responde a la amenaza que representa la presencia de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) en territorio congoleño. Por su parte, el gobierno de la RDC ha sido señalado por su cooperación con las FDLR y otros grupos armados locales. Estas acusaciones cruzadas reflejan la dimensión regional del conflicto y la participación de actores armados que exceden a las fuerzas regulares de ambos países.

En el plano diplomático, se mantienen abiertos dos procesos de negociación complementarios, pero con partes y objetivos diferentes. Por un lado, los Acuerdos de Washington para la Paz y la Prosperidad, impulsados por Estados Unidos entre los gobiernos de la RDC y Ruanda, buscan reducir las tensiones bilaterales y establecer compromisos de seguridad. Entre sus principales disposiciones se encuentran la retirada de las fuerzas ruandesas del territorio congoleño y la neutralización de las FDLR. En este último punto persisten desacuerdos: el gobierno congoleño sostiene que el protocolo que, según Kinshasa, firmó el 28 de julio de 2026 con las FDLR, orientado a su desarme, desmovilización y acantonamiento, constituye un avance en el cumplimiento de sus compromisos; Ruanda, en cambio, considera que la iniciativa no garantiza la neutralización efectiva del grupo y acusa a Kinshasa de continuar apoyándolo. En agosto se reunió en Ginebra el Mecanismo Conjunto de Coordinación de Seguridad, integrado por representantes de ambos países y facilitadores internacionales, para avanzar en la implementación de los compromisos de Washington, según Security Council Report.

Por otro lado, el Proceso de Doha, mediado por Qatar, reúne al gobierno congoleño y a la entonces AFC/M23. Se apoya en la Declaración de Principios firmada el 19 de julio de 2025 y en el Marco de Doha para un Acuerdo de Paz Integral, firmado el 15 de noviembre de 2025. Este último prevé la negociación de protocolos sobre cuestiones como el acceso humanitario y la protección judicial, la restauración de la autoridad del Estado, los arreglos de seguridad transitorios, el desarme y la desmovilización de grupos armados, el retorno de desplazados y refugiados, la recuperación económica y social, y los mecanismos de justicia y reconciliación. Hasta septiembre de 2026, las partes habían firmado solamente dos de los protocolos previstos: el mecanismo de liberación de detenidos y el mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego. En agosto, representantes del gobierno y de la AFC/M23 se reunieron en Suiza, con la participación de Qatar, Estados Unidos, Togo, la Unión Africana y Suiza, para revisar los avances y acordar una hoja de ruta para continuar las negociaciones.

Para supervisar el cumplimiento del alto el fuego se puso en marcha el Mecanismo Ampliado Conjunto de Verificación (EJVM+), con apoyo logístico de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO). Durante agosto y septiembre de 2026 se realizaron misiones de verificación en Minembwe y Masisi, respectivamente. Sin embargo, la continuidad de los enfrentamientos evidencia las limitaciones de estos mecanismos para garantizar el cese efectivo de las hostilidades. El 30 de octubre, el Grupo de Contacto Internacional para la Región de los Grandes Lagos instó a las partes a cumplir sus compromisos tanto en el marco de Washington como en el de Doha, y expresó su preocupación por la persistencia de los combates y el uso creciente de drones. A comienzos de noviembre, el jefe de MONUSCO, James Swan, visitó Goma y mantuvo reuniones con Joseph Kabila y otros dirigentes del FRN para abordar la protección de civiles, el acceso humanitario y el seguimiento del alto el fuego.

La situación humanitaria sigue siendo crítica y se agravó con la nueva ofensiva en Kivu del Sur. Al 29 de septiembre, Naciones Unidas estimaba que había 6,1 millones de desplazados internos en el país, y según el IPC del 30 de octubre 28,8 millones de personas están en inseguridad alimentaria aguda entre septiembre y diciembre de 2026, incluidos 3,6 millones en emergencia. A los desplazamientos provocados por los enfrentamientos se suma la dificultad de acceso de las organizaciones humanitarias a las zonas afectadas. La alerta difundida el 9 de noviembre sobre Bunyakiri estimó que 166.500 personas habían sido desplazadas recientemente y señaló necesidades urgentes de alimentos, agua, refugio, atención sanitaria y protección. A esta crisis se añade el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo, que afecta a ocho provincias: según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), al 9 de noviembre se habían registrado en la RDC 10.990 casos confirmados y 5.354 muertes. El brote llegó también a Kenia. La inseguridad y los desplazamientos dificultan el acceso a los servicios sanitarios y obstaculizan la vigilancia epidemiológica y la respuesta al brote.